ATENTADO CONTRA EL ESTADO DE DERECHO

Increíble, pero cierto. Nadie en la historia de la democracia lo había conseguido, y Gallardón, él solito con la Ley de Tasas lo ha logrado; el rechazo total de la comunidad jurídica; todos los togados a la calle en pie de guerra; fiscales, secretarios, procuradores, abogados y jueces de todos los pelajes coinciden en su diagnóstico: atentado contra el Estado de derecho. No se trata de privatizar la justicia, se trata de suprimirla. A partir de ahora el Estado se desentiende de garantizar el cumplimiento del derecho a la justicia universal a todos por igual, sin discriminación por sus recursos económicos, como manda la Constitución. Ahora solo se tendrá que garantizar la tutela judicial efectiva a los ciudadanos ricos, los de las grandes fortunas, de las sicavs y a las empresas del Ibex-35, dejando a su suerte a la clase media. La justicia es un valor superior, consecuentemente no es un servicio público sino que la justicia es la acción y el resultado del ejercicio de la función jurisdiccional del Estado y por ello un valor superior en el que se sustenta la Constitución, de donde emana la potestad jurisdiccional. Por tanto no se puede cobrar por su prestación y menos con esos criterios y cuantías. Hay que acometer reformas en leyes tan vetustas como los códigos civil y de comercio o la Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX o la hoy tan criticada Ley Hipotecaria del siglo pasado y regular de manera clara la socialmente demandada dación en pago.